La reforma constitucional no sólo bloquea cualquier intento futuro de rechazo de la deuda pública española; pues, independientemente de haber sido contraída de espaldas a los intereses del pueblo español, impedirá catalogarla como deuda odiosa, como bien se hizo en Islandia, donde el ex Primer Ministro, Geir Haarde, es juzgado por negligencia en la crisis de 2008.
La reforma constitucional no es cierto que se haga para regular los techos de gasto y el déficit, como han desinformado los políticos y medios de comunicación siervos de la banca. Pues nos encontramos como el Tratado de Maastricht que fija un límite máximo de déficit del 3% y los Presupuestos Generales del Estado fijan el techo de gasto público anualmente en base los ingresos previstos. ¿Qué sentido tiene, entonces, una nueva ley que fije un techo de déficit y uno de gasto?
La explicación la podemos encontrar en que en el concurso de acreedores en el que se encuentra el Estado de manera encubierta, los bancos desean tener prioridad en el cobro. Y la reforma constitucional es la única manera de que tal medida tenga efecto retroactivo. El Estado le debe mucho dinero a miles de empresas. Deudas anteriores a las contraídas estos dos últimos años con los bancos. Y gracias a la reforma constitucional, estos tendrán prioridad en el cobro.
Pero esta subordinación de la clase política no debería cogernos por sorpresa. Pues persigue los mismos objetivos que las últimas modificaciones de la Ley Concursal española que priorizan el cobro de las deudas a los bancos a las de otros acreedores.
Por lo anteriormente expuesto, podemos denunciar que con la aprobación de la reforma los especuladores contra España se salen con la suya y que la clase política delinque al despenalizar el expolio a los españoles.
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